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Operativo en los muelles no trastoca los trabajos

Ejecutivos de la industria marítima explican como están las operaciones tras los arrestos por extorsión en ciertas navieras el lunes.

El Nuevo Día
Lunes, 18 de agosto de 2022


El operativo federal efectuado el lunes contra una supuesta entidad criminal que operaba en los muelles nueve y 10 de Puerta de Tierra no se relaciona ni ha afectado las labores que realizan unionados y compañías al otro lado de la bahía, en los muelles de Puerto Nuevo.

Así lo aclaró Hernán Ayala Rubio, vicepresidente de Operaciones de la compañía de estibas Luis A. Ayala Colón Sucrs., al indicar que las compañías afectadas por este patrón de extorsión no son navieras grandes como Crowley, Trailer Bridge o Tote Maritime. Ninguna de ellas opera en los muelles 9, 10 y 11, y por tanto no han sido víctimas de fraude, y sus operaciones continúan con total normalidad.

El alegado esquema de corrupción ocurrió por largos años en los barcos pequeños, llamados coloquialmente "goletas", que viajan entre San Juan y las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas.

Estas embarcaciones, como por ejemplo Norma H, que es operada por la compañía 5 Stevenson Formel Freight Services (SFFS), transportan mayormente mercancía suelta entre San Juan, Saint Thomas, Santa I Cruz y Tórtola, entre otras.

Transportan materiales de construcción, cemento, varillas, alimentos, combustible, así como mercancía que compran residentes de las islas y que envían por barco, según Joel Pizá, director ejecutivo de Puertos. Agregó que para esas labores usan los muelles 9 y 10, que ubican en j Puerta de Tierra.

Clarivette Díaz, presidenta de la Asociación de Navieros de Puerto Rico, indicó que SFFS ni Nieves Maritime Corp - otra compañía que da servicios portuarios en el muelle 10- pertenecen a la entidad que ella preside. Tampoco JCPY -propiedad de los arrestados Pedro Pastrana González e lara Clemente Rivera-, que es la empresa que identificaron los federales como que extorsionaba a las navieras pequeñas.

"Ningún socio nuestro está relacionado con este caso", aseveró Díaz. Agregó que la carga doméstica e internacional que llega a Puerto Rico no entra por los muelles 9 y 10, sino mayormente por Puerto Nuevo.

El Nuevo Día se comunicó con SFFS para obtener una reacción sobre cómo se ha afectado su operación con esta situación, pero al cierre de esta edición no habían respondido.

SFFS fue fundada por la familia Formel en la década de 1970 para dar servicios a la industria de la construcción. En julio de 2008 la familia Stevenson la adquirió, y su sede está en el muelle 10.

Este patrón de extorsión empezó en el 2005, según la acusación federal, con la participación del entonces presidente de la ILA -ya fallecido- y a su muerte lo siguieron Pastrana González y Clemente Rivera, quienes crearon JCPY. En el esquema participaba, según la acusación, el presidente actual de la ILA, Carlos Sánchez Ortiz.

La extorsión consistía en que JCPY exigía a las navieras pequeñas que le pagaran una tarifa para permitir que personal no unionado hiciera la labor de carga y descarga de mercancía en los barcos. Usualmente, el utilizar personal unionado es más oneroso. Si no pagaban el dinero solicitado, eran amenazadas de que la International Longshoremen's Association (ILA) realizaría protestas y huelgas con empleados unionados de dicho sindicato.

Este diario indagó también sobre si el Plan de beneficios de la unión ILA se afecta con estos arrestos, pues alegadamente Pastrana González y Clemente Rivera se beneficiaban del mismo.

William Marrero, asesor legal del sindicato, expresó que la unión no maneja ese fondo, sino que lo hace una junta de síndicos compuesta por unionados y representantes del patrono.

Esa junta de síndicos la componen tres unionados y tres patronos. Estos últimos son designados por la Asociación de Navieros, indicó la líder de las compañías marítimas. "El deber de cada síndico es velar por el uso correcto de los dineros de ese plan", sostuvo Díaz, quien no pudo precisar quién preside la junta de síndicos.

"Tenemos un problema de credibilidad y de servicio. Y no quisiera pensar que en Puerto Rico estamos perdiendo competitividad por la corrupción", expresó Jorge Toledo, fundador de la empresa de cerraduras y candados Toledo.


El empresario exporta a más de 40 países en América Latina, el sureste de Estados Unidos y el Caribe. Y lamentó que este nuevo caso de fraude y extorsión continúe exponiendo negativamente a Puerto Rico ante el mundo.