Noticias - Artículos

Inicio



Ya está planchá la venta de Puerta de Tierra
 

 

Bibiana Hernández y Maritza Rivera

 

Por: JAIME TORRES TORRES
Periodista y Editor
Publicado el 29 noviembre, 2023
por Prensa sin censura-Periodismo Independiente al margen del capital

“Puerta de Tierra está vendido a plazos cómodos y todavía no nos hemos enterado”.

Palabras de Bibiana Hernández, líder comunitaria de El Falansterio, a donde llegó Prensa sin censura para comprender la legitimidad de las preocupaciones de sus residentes en torno a la ola de gentrificación que absorbe a Puerta de Tierra y que es evidente a través de proyectos como Bayshore Villas, herencia de Alejandro García Padilla, y la venta de bienes inmuebles a beneficiarios de la Ley 60 y del alquiler a corto plazo a desconocidos.

Este medio independiente logró acceso a la cuasi centenaria comunidad gracias a la invitación de Bibiana y su vecina Maritza Rivera.

“Entendemos que se debe manejar el asunto de los AirB&B (alquiler a corto plazo) además de otros problemas que tiene la comunidad. Es inquietante porque no es solo El Falansterio. Es Puerta de Tierra, San Juan y todo Puerto Rico”, dijo Bibiana.

Maritza Rivera, por su parte, confirmó que el desplazamiento es evidente. “El caserío Puerta de Tierra se fue hace tiempo. Hicieron una cosa extraña con cristales. Es que nos quieren fuera a los pobres de esta zona porque es turística”.

En meses recientes se ha publicado en los medios los estragos del desplazamiento en Puerta de Tierra. La lucha en el Escambrón contra el eventual desarrollo en el Normandie es cosmética en comparación con la ola gentrificadora que arropa a Puerta de Tierra, tanto así que hasta el capital apetece el Parque Luis Muñoz Rivera y parte de las edificaciones de la Avenida Constitución.

Con todo lo que se ha acaparado y transformado en nombre del capital, lo que queda del Barrio, incluidas la Calle Raphy Leavitt y las aceras con murales en honor del insigne director de La Selecta, sobrevive.

Resisten la Calle San Agustín y El Falansterio, pero como con una sentencia de desaparición.

“Están los grupos tratando de evitar que vendan Parque San Agustín. En las noticias se ha divulgado que han intentado sacar a la gente con el cuentito de la cartita de que ‘vamos a arreglar la escalera de tu edificio y salte’. El salte es vete pa’aquí y vete pa’ llá. Dicen que te van a traer de nuevo y no te traen nada”.

Otros vecinos de la zona, que optaron por no revelar sus nombres, coincidieron en que fue el entonces gobernador Alejandro García Padilla, hoy analista político en un telenoticiario local, quien entregó Puerta de Tierra a los grandes intereses.

“Alejandro García Padilla se inventó el Paseo Lineal y trastocó toda la vida en el Barrio, alterando las vías de las guaguas. Hubo discrimen y un montón de problemas. El contratista dejó el trabajo a mitad. Después del Paseo Lineal, el Barrio siguió deteriorándose hasta hoy”.

Cuando construyeron Bayshore Villa lo que hicieron fue llamar a dos o tres residentes de Puerta de Tierra, sostuvo otro residente.

“Tiene que ser gente que tenga un cheque de Seguro Social bastante bueno y que sea gente mayor. Hay solo dos o tres personas y nos dicen que se sienten discriminados, gente mayor. Ahí se ven carros, pero no ves niños, mascotas y gente que entra y sale. La gente dice que eso es un tape y que lo van a vender más adelante, cuando todo Puerta de Tierra esté vendido”.

La decadencia se remonta al umbral de la década del 70, cuando Raphy Leavitt, Sammy Marrero y La Selecta documentaron el inicio de la pesadilla lanzando “Mi Barrio”:

Silencio, Mi Barrio duerme

Son muchos los que critican

Y no dicen la verdad.

Y es que mi Puerta de Tierra

En su nombre lleva ya

La mancha de unos ingratos

Que han venido aquí a parar.


“Desde los 80 se habla de restaurar con unos fondos del gobierno […] pero no era borrar el Barrio, desaparecerlo y dejar que se deteriore adrede para que la gente se vaya. Bayshore Villa es un proyectito de García Padilla. Supuestamente ahí iban a vivir los pobres y los ricos. Le dijeron a la gente del caserío Puerta de Tierra que se fueran que los iban a llamar. Todavía están esperando que los llamen”, señaló otra fuente fidedigna a Prensa sin censura.

Todo el Barrio Puerta de Tierra está vendido o en proceso avanzado de venta.

La gente no se resigna.

El PIP también denunció la gentrificación

Residentes de la comunidad de Puerta de Tierra, junto a la Senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón, denunciaron meses atrás la complicidad del gobierno, a través de la Administración para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) en los proyectos de desplazamiento de dicha comunidad.

La denuncia surge luego de que los residentes alertaran sobre ciertas publicaciones en las redes sociales de la entidad “San Juan 901”, que anunciaban, junto a fotos de trabajos de construcción en edificios propiedad de la AFV el lema publicitario “lo mejor todavía está por
venir”.

Según la investigación realizada por la oficina de la senadora, los registros del CRIM reflejan que se trata de cinco propiedades cuyo titular es la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda. Mediante escrituras públicas otorgadas recientemente, esas propiedades fueron liberadas de las condiciones restrictivas que estipulaban que sólo podían ser destinadas a vivienda de bajo costo.

A pesar de que entonces no constaban en el Registro de la Oficina de la Contralora contratos entre la AFV y las compañías de inversión, se realizaron trabajos de remozamiento a gran escala y se anunciaron los proyectos en las redes sociales.

Los edificios que rodean a esas cinco estructuras propiedad del Pueblo de Puerto Rico fueron todos adquiridos por compañías de uno de los inversionistas extranjeros que se beneficia de los privilegios de la Ley 22. Igual ha ocurrido con muchos otros edificios en Puerta de Tierra, adquiridos con el fin de dedicarlos a alquileres a corto plazo.

Como resultado, esta comunidad tradicional- la primera en establecerse fuera de las murallas del Viejo San Juan- se está convirtiendo en un espacio turístico, con la correspondiente alza de precios y desplazamiento de residentes puertorriqueños.

No es sólo la vivienda la que se está viendo afectada: la escuela Martin Brumbaugh, a la que asistieron muchos de los residentes de la comunidad fue cerrada y vendida en el año 2019 a otro inversionista de Ley 22 para convertirla en una hospedería (así consta en la propuesta presentada al Comité de Evaluación de Disposición de Bienes Inmuebles [CEDBI] para efectuar la compraventa) y el Centro de Salud opera a mínima capacidad.

Caroline Sánchez, quien creció y aún vive en Puerta de Tierra indicó: “Primeramente, causa tristeza que el gobierno se preste para eso; lo que da es vergüenza y bochorno, sobre todo viendo la lucha que está llevando la comunidad. Para colmo, siguen actuando a nuestras espaldas. Recuerdo cuando era pequeña haber entrado en ese edificio: allí vivían jefas de familia, jóvenes y personas de escasos recursos en general”.

Por su parte, la Senadora Santiago subrayó que la eliminación de restricciones a esos cinco edificios públicos se da en el momento en que se ha agravado la situación de vivienda en el país.

“Según datos publicados recientemente por Hábitat PR y el Centro para la Nueva Economía, hacen falta 74,000 unidades para alquiler; hay 25,000 familias en lista de espera para vivienda pública y 8,000 para sección 8. Se ha documentado además que en Puerto Rico, la proliferación de espacios de alquiler a corto plazo ha tenido el efecto de aumentar en un 7% la mediana de alquiler y en un 23% el precio de venta de viviendas. Bajo criterios sensatos de desarrollo y planificación, los edificios de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, debían rehabilitarse como vivienda accesible. La medida justa de progreso no debe ser la ganancia de los dueños de los nuevos latifundios urbanos, sino el acceso de la población a vivienda, educación, trabajo y salud”.

La Portavoz del PIP es la autora de la Resolución 490, cuyo fin es investigar el acaparamiento de propiedades inmuebles por beneficiarios de las Leyes 20 y 22-2012 y el disloque que ello ha creado en el mercado inmobiliario y el efecto en el desplazamiento de comunidades.