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Guarda la urna de cristal el sueño constitucional

Viernes, 31 de marzo de 2006

Por El Nuevo Día


Los daños que ocasionó la manifestación de protesta a la urna de la Constitución del Estado Libre Asociado añade simbolismo a la historia de un pueblo que lleva siglos luchando por su constitución.

No lo sabían quienes lo provocaron, pero el incidente que se desencadenó en el Capitolio estuvo a punto de coincidir con la fecha aniversario en que se promulgó la primera constitución que proponía cobijar a Puerto Rico. En efecto, un puertorriqueño llamado Ramón Power y Giralt fue uno de los firmantes de la constitución de Cádiz que se aprobó el 19 de marzo de 1812.

Para el primer Diputado a las Cortes de España, Power y Giralt, aquel documento, en cuya redacción había tomado parte, era el logro sublime, la consagración del sueño constitucional que siempre ha estado latente en las cabezas patrióticas borincanas.

Constitución, Ley de la Tierra, mandato que protege al pueblo del poder gubernamental y lo limita. Como dijo Thomas Paine, un gobierno sin constitución es poder sin derecho.

Así lo respiraba Power y Giralt que combatió el poder excesivo del Gobernador de la Isla nombrando la institución de la Intendencia bajo don Alejandro Ramírez. A partir de su creación, la facultad constitucional era el recurso del intendente Ramírez para fijar límites de poder al Gobernador en el uso de los fondos del erario.

Pero ni Power y Giralt ni el constitucionalismo prevalecieron pues el rey Fernando VII abolió la Constitución de Cádiz con la ayuda del ejército de los Cien Mil Hijos de San Luis y restableció su poder tirano.

Por largos años, los puertorriqueños no tuvieron una constitución, hasta que el 25 de julio del 1952 se aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado. En su aniversario, el 25 de julio de 1956, se inauguró la urna que contiene los documentos originales de la Ley con las firmas de los miembros de la Asamblea Constituyente que participaron en su redacción.

Esta urna restaurada se develó en la rotonda del Capitolio el 24 de julio de 1992. Simbólico monumento que garantiza libertades importantes como una declaración que determina que la voluntad del pueblo es la fuente del poder público y que en los procesos judiciales los acusados tienen derecho a “gozar de la presunción de inocencia”.